Redes de denuncias políticas y jurídicas por violaciones a los derechos humanos en el plano internacional: el rol de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina, 1976-1983)
DOI:
https://doi.org/10.70198/t.291Resumen
Durante la última dictadura militar argen
tina, la actividad de denuncia contra las
violaciones a los derechos humanos se
llevó a cabo por medio de la articulación
de una serie de acciones y estrategias de
grupos que surgieron en este particular
contexto de profundización de la repre
sión estatal. Si bien existían antecedentes
de defensa y solidaridad hacia las per
sonas apresadas por razones políticas,
por los menos desde los años treinta en
nuestro país, el estímulo de una opinión
pública internacional crítica de los auto
ritarismos que tuvieron lugar en el Cono
Sur a mediados de los años setenta, dio
lugar a iniciativas que tuvieron una ex
presión novedosa y fundacional en el plano internacional. Así se llevaron a
cabo denuncias políticas en distintos or
ganismos como Amnesty International, la
Cruz Roja o el Comité de Defensa de los
Derechos Humanos para los Países del
Cono Sur (CLAMOR) u otros de carác
ter jurídico pertenecientes a la ONU. En
todos ellos –especialmente, las madres
de las personas desaparecidas– tuvieron
un protagonismo destacado ya sea dina
mizando denuncias individuales o colecti
vas o concretando redes de apoyos para
erosionar la imagen del régimen militar
en el extranjero. Esta intensa actividad,
que además tuvo el acompañamiento del
trabajo político de las y los exiliados sud
americanos en Europa y Estados Unidos,
encontró su resarcimiento con el arribo a
la Argentina de la Comisión Interamerica
na de Derechos Humanos (CIDH) en el
último tercio del año 1979. Este artículo
se propone hilvanar las huellas de este
accionar político y trazar puentes entre
las labores que llevaron adelante distintas
mujeres pertenecientes a los organismos
de derechos humanos más destacados
de esta etapa por medio del análisis de
fuentes documentales del acervo de las
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, del
Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y de entrevistas de propia factura.